La crisis general que vive Venezuela, se manifiesta de forma dramática en el sector salud. Que el gobierno decida que quienes tienen enfermedades crónicas no puedan obtener su medicamento para mantenerse estables y tener calidad de vida, es una evidencia de que la vida para esta gente no vale nada. Impedir que ingresen al país toneladas de medicamentos –sólo desde Chile se espera la autorización para enviar 400 toneladas– con la excusa de que todo es un complot para una invasión, constituye un decreto de muerte y, sin duda, un delito de lesa humanidad.
Primero Justicia Zulia 