‘Cárceles para la reinserción social’ por Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa V.

juanpguanipa@gmail.com

@JuanPGuanipa

Venezuela sufre de impunidad. Venezuela sufre de desatención gubernamental a los problemas más importantes que tenemos sus habitantes. Este gobierno será castigado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por haber rechazado la opción de sentar las bases del progreso y el bienestar en nuestro suelo. Una de las dificultades que más nos aquejan es la inseguridad. Y alrededor de ella bullen decenas de asuntos que deben ser abordados. Podemos hablar de la prevención, de la represión, de la Constitución Nacional, de las leyes, de las policías, del Ministerio Público, de los tribunales, de las defensorías y de muchos asuntos inherentes a la seguridad. Pero hoy queremos abordar el tema carcelario.

Si alguna norma constitucional ha sido violada durante toda su vigencia, es la contenida en el artículo 272. Según esa disposición el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno así como el respeto a sus derechos humanos. La idea es que la reclusión logre preparar a quien haya cometido algún delito para, luego de cumplida la pena, lograr una exitosa reinserción social. Se prevén en los establecimientos penitenciarios, espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. El funcionamiento de estos establecimientos debe estar signado por la descentralización y hasta por la privatización, bajo la dirección de personas profesionales en el área.

La realidad de la Venezuela de hoy no se parece a nada de lo establecido en nuestro texto fundamental. Nuestro país tiene una población de 55 mil reclusos en centros de detención que sólo tienen capacidad para 19 mil. Un hacinamiento del 30% prende las alarmas de cualquier país civilizado. En el nuestro llega a 190%. Más de 20 mil personas han muerto o han sido heridas en hechos de violencia carcelaria. Nuestras prisiones están controladas por el crimen organizado, realidad que no sólo vulnera a los internos que deben pagar para lograr “tranquilidad” dentro de sus espacios, sino también a quienes, estando fuera de las cárceles, pueden recibir amenazas, extorsiones y hasta órdenes de asesinato. Todo esto se agrava con el cierre intempestivo de cárceles sin ofrecer soluciones y produciendo mucho más hacinamiento en centros que no fueron diseñados sino para arrestos preventivos. Para diciembre de 2014 la Ministra Iris Varela junto al Gobernador Francisco Arias, prometían que estaría inaugurado un Centro de Reclusión para procesados en el Municipio San Francisco. Al final todo quedó en promesas y el problema sigue agravándose.

Esta situación tiene que cambiar. Desde la Asamblea Nacional, impulsaremos Leyes Anti-Hampa, lo cual se concreta en un compendio de leyes que impulsen la disminución del índice delictivo en el país y eso pasa por la reforma obligatoria de nuestro sistema judicial y penitenciario. Necesitamos leyes que combatan la impunidad, a través de las cuales hagamos una profunda reforma judicial, sean revisados el número e idoneidad de los jueces, fiscales, defensores y, en caso de violación de la ley, prevean severos castigos a estos funcionarios. Leyes que sirvan para mejorar nuestras policías, expulsando de ellas a los delincuentes, aumentando el número de funcionarios y mejorando sus condiciones socioeconómicas. Leyes que dignifiquen las prisiones y que éstas no sean depósitos de seres humanos sin posibilidades de reformarse, sino verdaderos espacios para la reinserción social.

Pero leyes sin voluntad política no servirán para nada. Así que también ejerceremos la función de control de la administración pública para evaluar los planes del gobierno, así como para revisar los espacios destinados a las detenciones preventivas, los espacios penitenciarios, los programas, proyectos, presupuestos, ejecución presupuestaria, en un área que debe servir para la dignificación y no para la degradación del ser humano. Lo ideal es que nuestros jóvenes no tengan que entrar a estos centros. Para ello debemos profundizar las políticas de prevención. Pero, en caso de que cometan delitos, que sean ayudados a corregir su error y a ser hombres y mujeres de bien. Una Venezuela mejor es posible.

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