Venezuela está sumida en diversos graves problemas que configuran una crisis de complicadas dimensiones. Uno de los más desesperantes, que compite con el del desabastecimiento, es el problema de la inseguridad de las personas y sus bienes. Nadie en este país se siente seguro. Todos salimos a la calle con la lamentable expectativa de que en cualquier momento podemos ser asaltados. Pensamos todo el día cómo estarán nuestros familiares. Es que ni siquiera en nuestras casas sentimos que podemos estar seguros. El incremento de los hurtos, arrebatones, atracos, homicidios lleva la situación a niveles de alarma.

Una de las razones por las cuales la mayoría del pueblo venezolano optó por apoyar a quienes han gobernado desde hace casi diecisiete años, fue la promesa de acabar con el hampa y devolverle la seguridad a todos. En ese momento, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, teníamos 19 muertos por año por cada 100 mil habitantes. Pero el balance ha sido sumamente negativo. Números de 2014 del Observatorio Venezolano de Violencia estiman en 79 las muertes por cada 100 mil habitantes en manos de la violencia. Esto quiere decir que el año pasado cerca de 25 mil personas fallecieron en esas circunstancias en el territorio nacional. La misma institución totaliza en 252.073 las muertes violentas en nuestra patria de 1999 a mayo de 2015.

Ante el incremento de los índices delictivos, lo que ha hecho el gobierno es anunciar planes que se han convertido en un fracaso. Ya llegan a veintidós, sin que puedan verse resultados favorables. Los menciono para que el lector no crea que son exageraciones nuestras: Plan Nacional de Desarme Carcelario (1999), Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (1999), Plan Bratton de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (2000), Plan Estratégico de Prevención de la Violencia (2001), Plan Confianza (2001), Plan Nacional de Control de Armas (2002), Plan Piloto de Seguridad (2003), Plan Integral de Seguridad Misión Caracas (2003), Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2006), Plan Caracas Segura (2008), Plan Ruta Segura en el  Distrito Capital (2008), Plan Noche Segura (2009), Plan Autopista Segura en el Distrito Capital (2009), Dispositivo Bicentenario de Seguridad –activo– (2009), Operación Cangrejo (2009), Madrugonazo al Hampa (2009), Guardia del Pueblo –activo– (2009), Misión A Toda Vida Venezuela (2012), Operativo Madriguera –Distrito Capital– (2013), Plan Patria Segura (2013), Movimiento por la vida y la paz (2014), Operación Liberación y Protección del Pueblo (2015).

Este último plan se ha convertido en una manipulación que abusa de la desesperación de la gente ante la inseguridad. Es un plan efectista que irrumpe en las zonas de paz –paradójicamente tomadas por el crimen organizado– y en sectores muy populares de nuestras ciudades y acaba con la vida de muchos –culpables e inocentes– en lo que constituye una flagrante violación de los derechos humanos, aplaudida por esa mayoría desesperada que no sabe que en esas acciones no hay solución alguna.

Venezuela tiene que cambiar en materia de seguridad. Quienes aspiramos llegar a la Asamblea Nacional, tenemos la obligación de cumplir dos funciones básicas del parlamento en este sentido. Debemos revisar todas las leyes vinculadas a la seguridad ciudadana para mejorarlas y, a través de ellas, disminuir la impunidad que hace que de cada cien muertos, sólo haya 8 detenidos en nuestro país. Debemos, además, ejercer nuestra función de control para hacer un seguimiento a los organismos de seguridad, al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, para que actúen con diligencia, sin corrupción, y disminuyan los errores, retardos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Y lo más importante, debemos promover programas de prevención centrados en el estudio, el trabajo, la cultura, el deporte, la recreación, la productividad, herramientas básicas para que todos tengamos oportunidades y podamos disfrutar de una Venezuela mucho mejor, de justicia, progreso y bienestar; una Venezuela segura.

Juan Pablo Guanipa V.

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